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Nau Yuumak
Avances de investigación en Organizaciones y Gestión
ISSN: 2954-4653
Número 5 Volumen 3
Marzo 2024
En México del año 2017 al 2020 se han manifestado 37 conflictos sociales de índole ambiental en un total de 56 proyectos fotovoltaicos y eólicos de gran envergadura (Universidad Iberoamericana, 2022).
De acuerdo con el reporte realizado por el consorcio Comunidades y Energías Renovables (2019), la transición energética en México tiene algunas implicaciones sociales como el riesgo de acrecentar el desempleo en regiones que dependen del sector de hidrocarburos. Por ello, se debe considerar la realidad social de los distintos territorios del país, es decir, las posibilidades de poder llevar a cabo un proyecto de transición tomando en cuenta las áreas naturales y los habitantes de la zona. A través de consultas públicas e indígenas dentro del territorio donde se llevará a cabo el proyecto se podrá obtener la información que permita su realización evitando la violación de derechos humanos y respetando los usos y costumbres de los pobladores (Salazar Osorno, 2023). Para ellos, México cuenta con un marco regulador suficientemente amplio, cuya utilización apoyaría a la creación de una política justa en la transición energética. Sin embargo, la problemática se enfoca más a su cumplimiento que a la carencia de dicho marco (Martínez, Tornel, & Villareal, 2019).
Los proyectos de energía renovables han generado intereses económicos nacionales para llevar a cabo esto proyectos en el menor tiempo posible por lo que se vislumbra que las decisiones estratégicas no serán de manera inclusiva, ya que como se ha demostrado en la práctica, no existe información suficiente de cómo las poblaciones se verán afectadas y tampoco se promueve su participación, cayendo en un simple protocolo (Ramos Olivares, 2019, pág. 2).
La participación de los pueblos indígenas en la generación de políticas y regulaciones relacionados con la reforma energética ha sido mínima, ocasionando desinformación, conflictos sociales y afectaciones a su hábitat. Muchas de las políticas implementadas suponen la potencial disminución de su tenencia de los recursos naturales y ha impactado negativamente en dichos pueblos. (EJAtlas - Global Atlas of Environmental Justice, 2022). De esta forma, se presenta una contradicción en la práctica relativa a la ejecución de proyectos de energías limpias. Mientras que por un lado tienen un fundamento y justificación con alcances y beneficios globales, por otro lado, han provocado injusticia social y priorizado los intereses económicos y políticos, tanto las iniciativas privadas como aquellas que provienen de las distintas áreas del Estado. El Gobierno Mexicano deberá replantearse esta situación para lograr el equilibrio entre los intereses sociales y los beneficios estratégicos para el futuro del país